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El reconocimiento de los derechos de la naturaleza en colombia: el caso del río atrato

[La Dra. Mariela Morales Antoniazzi es investigadora senior en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, donde coordina el proyecto Ius Constitutionale Commune in América Latina (ICCAL).
El 15 de marzo, en un acto extraordinario de resistencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes colombianos se retiraron de los procedimientos en el primer día de las audiencias públicas en el caso de Jineth Bedoya Lima y otros contra Colombia. El caso se refiere al secuestro, violación y tortura de la periodista y defensora de los derechos humanos Jineth Bedoya Lima, cometidos en el año 2000 durante una visita de trabajo a la cárcel “La Modelo” de Bogotá. Colombia abandonó la audiencia tras la declaración de la presunta víctima Jineth Bedoya Lima y denunció la falta de objetividad de cinco jueces en el proceso. Esta situación sin precedentes enlaza así con los debates actuales sobre el género, el desistimiento y la reacción contra los tribunales de derechos humanos.
A continuación, ilustramos lo que condujo a esta situación tan inusual y destacamos cómo el sistema interamericano de derechos humanos se unió de manera audaz y solidaria para hacer frente a la decisión colombiana. En consecuencia, argumentamos que la resistencia del sistema interamericano se debe precisamente a la combinación de una Corte abierta, que denunció la retirada colombiana en una resolución rigurosa, y una sociedad civil activa que se unió en torno a Jineth Bedoya bajo el hashtag #NoEsHoraDeCallar.

Caso del río atrato en colombia

2. En virtud de una cláusula jurisdiccional, es decir, normalmente, cuando son partes en un tratado que contiene una disposición por la que, en caso de desacuerdo sobre su interpretación o aplicación, una de ellas puede someter la controversia a la Corte. Más de 300 tratados o convenios contienen una cláusula en este sentido;
4. Si un Estado no ha reconocido la competencia del Tribunal en el momento en que se presenta una solicitud de incoación de un procedimiento contra él, dicho Estado tiene la posibilidad de aceptar dicha competencia posteriormente para que el Tribunal pueda conocer del asunto: el Tribunal es así competente a partir de la fecha de aceptación en virtud de la regla del forum prorogatum. En caso de duda sobre la competencia de la Corte, es la propia Corte la que decide (compétence de la compétence).
En su discurso, el Presidente de la CIJ destacó que la Corte había duplicado con creces su ritmo de trabajo desde 1990: “En los últimos 22 años de sus actividades, desde 1990, la Corte ha dictado más sentencias que durante los primeros 44 años de su existencia; 60 frente a 52”. La media de sentencias dictadas cada año por el Tribunal entre 1990 y 2012 (2,72) es, pues, el doble de la registrada en el período 1946-1989 (1,18). En 2012, además de una opinión consultiva, el Tribunal ha dictado cuatro sentencias y recientemente ha celebrado audiencias en otros dos casos (Burkina Faso/Níger en octubre y Perú contra Chile en diciembre). (Para la lista actual de casos pendientes ante la CIJ, véase el recuadro nº 2).

Colombia derechos de la naturaleza

Consejo Superior de la Judicatura: Este organismo administra los recursos de la Rama Judicial. Por eso, se dice que administrar y planificar son sus principales funciones. El Consejo está compuesto por dos salas:
La Corte Constitucional: Es un organismo del Poder Judicial encargado de velar por la integridad y supremacía de la Constitución Política. Sus funciones están descritas en el artículo 241 de la Constitución y consisten principalmente en decidir sobre las demandas presentadas por los ciudadanos contra las Leyes, los Decretos con Fuerza de Ley promulgados por el Gobierno y los proyectos de ley de reforma de la Constitución, entre otros.
El Tribunal Supremo (Corte Suprema):    Es el máximo tribunal de la Jurisdicción Ordinaria. Se ocupa de las funciones establecidas por el artículo 235 de la Constitución Política de Colombia.
Consejo de Estado: Es el máximo órgano jurisdiccional en materia administrativa y el órgano asesor del Gobierno. Está dividido en cinco secciones y cuenta con una sala denominada (Sala de Consulta) y (Servicio Civil). Está compuesto por 31 magistrados que son nombrados por la Sala Plena a partir de una lista presentada por el Consejo Superior de la Judicatura.

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2 de julio de 2021 – Una misión internacional integrada por cuarenta expertos y líderes de derechos humanos de once países (Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala, España, Alemania y Bélgica) viajará a Colombia del 3 al 12 de julio para recibir testimonios de primera mano de las víctimas de la violencia, los abusos y la represión policial en las protestas de Colombia. La misión tiene como objetivo identificar los contextos en los que se han producido estos hechos, así como verificar y monitorear los impactos y el estado de las investigaciones de las 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales y de derechos humanos en los últimos cincuenta y cinco días de movilización social.
Esta visita ha sido organizada por organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia a raíz de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública contra manifestantes pacíficos tras la decisión del Estado de reprimir violentamente las protestas.
La misión de observación internacional se enmarca también en un llamado internacional a la solidaridad ante la falta de garantías para el libre ejercicio del derecho a la protesta y la represión violenta por parte del Estado. La respuesta militarizada a las protestas en Colombia, prevista en el Decreto 575, emitido el 28 de mayo, incumple las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Las acciones de represión y contención llevadas a cabo por la policía, su fuerza especial ESMAD (unidades móviles antidisturbios) y los militares, han llevado a la militarización de los lugares de manifestación en las ciudades y a la paramilitarización de las operaciones policiales. El presidente Duque y otros altos funcionarios también han seguido promoviendo el discurso de odio y la estigmatización contra los manifestantes, y han anunciado nuevas reformas para limitar aún más las protestas, como el Decreto 003, que sanciona la obstrucción de las vías públicas.

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